María de Molina fue reina tres veces en un trono que Roma nunca reconoció del todo
Casada con Sancho IV en una unión que el papado calificó de incestuosa, gobernó Castilla como reina consorte, después como regente de su hijo y, décadas más tarde, como tutora de su nieto.
Un niño de nueve años ante tres pretendientes al trono, y una madre sin el respaldo de Roma
En el verano de 1295, en la iglesia de Santa María la Antigua de Valladolid, una reina viuda de poco más de treinta años presentó ante las Cortes del reino a su hijo de nueve años, recién proclamado rey como Fernando IV, y pidió a los procuradores que le rindieran homenaje. No era un trámite protocolario. Al menos tres frentes disputaban en ese mismo momento la legitimidad del niño: el infante Juan, tío del propio Fernando, que aspiraba a quedarse con León, Galicia y Sevilla; Alfonso de la Cerda, nieto de Alfonso X por la línea del hijo primogénito, respaldado por Aragón y Francia; y Portugal, que apoyaba al infante Juan desde el otro lado de la frontera. A eso se sumaba una complicación que ningún cronista de la época podía ignorar: la Iglesia católica nunca había terminado de reconocer el matrimonio del que había nacido ese niño, lo que dejaba abierta la puerta a que cualquiera de sus rivales cuestionara no solo su derecho al trono, sino su propia condición de hijo legítimo.
Un matrimonio que un papa calificó de incestuoso, engañoso e infame
María de Molina —hija del infante Alfonso de Molina y nieta, por tanto, del rey Alfonso IX de León— se casó en 1282 con su primo Sancho, el futuro Sancho IV, en la catedral de Toledo. El enlace violaba de entrada las normas canónicas de consanguinidad: ambos eran parientes en tercer grado, y necesitaban una dispensa papal que no tenían. Según algunas fuentes, el problema era todavía mayor, porque Sancho ya había contraído esponsales previos, aunque no consumados, con una noble llamada Guillerma de Moncada. El papa Martín IV no tuvo reparos en calificar la unión, en los términos que recogen los cronistas eclesiásticos, de incesto, engaño e infamia, y llegó a excomulgar a la pareja. Sancho, además, se había casado desobedeciendo directamente a su padre, Alfonso X, que tenía comprometido a su hijo con otra candidata por razones de alianza dinástica.
La pareja siguió adelante de todos modos: María fue coronada reina en 1284, el mismo año en que murió Alfonso X y Sancho heredó el trono en medio de una guerra civil contra su propio padre. Pero la sombra de la ilegitimidad no se disipó con la coronación. No fue hasta 1301 —seis años después de la muerte de Sancho IV, en 1295— cuando el papa Bonifacio VIII, tras años de gestiones diplomáticas insistentes por parte de María, promulgó finalmente la bula que legitimaba el matrimonio y, con él, a los hijos nacidos de esa unión. Durante buena parte de la primera regencia de María, mientras gobernaba Castilla en nombre de un niño de nueve, diez, once años, ese niño era, a ojos de la propia Iglesia católica, hijo de un matrimonio nulo.
Reina, después regente, después regente otra vez: tres gobiernos en una sola vida
Lo que distingue a María de Molina de otras reinas medievales castellanas no es solo que gobernara, sino que lo hizo tres veces, en circunstancias distintas y separadas por décadas. Fue reina consorte junto a Sancho IV entre 1284 y 1295. Fue regente de su hijo Fernando IV entre 1295 y 1301 aproximadamente, el periodo más duro, marcado por la guerra civil latente contra el infante Juan y por la necesidad de negociar, casi año a año, apoyos entre la nobleza y las ciudades. Y volvió a gobernar, en este caso como tutora junto con dos infantes rivales, entre 1312 y 1321, tras la muerte prematura de Fernando IV a los veintiséis años, cuando su nieto Alfonso XI, de apenas un año, heredó la corona.
La primera regencia estuvo además marcada por una negociación diplomática de largo alcance: el Tratado de Alcañices, firmado en 1297 con Portugal, que fijó buena parte de la frontera luso-castellana tal y como se conoce todavía hoy y que sirvió, además, para desactivar el apoyo portugués al infante Juan mediante compromisos matrimoniales cruzados entre ambas casas reales. Era, en términos de experiencia de gobierno, una regente que no llevaba ni tres años como reina viuda, cerrando un acuerdo fronterizo que sus sucesores no tocarían en generaciones.
El último periodo de gobierno fue, si cabe, más turbulento que el primero. La regencia de Alfonso XI se repartió, al menos sobre el papel, entre tres personas: María de Molina, el infante Juan —el mismo que había disputado el trono a su hijo veinte años antes— y el infante Pedro, hermano de Fernando IV. La convivencia entre los tres regentes estuvo lejos de ser ordenada; las fuentes no siempre coinciden en el reparto exacto de competencias entre ellos, pero sí en que la situación cambió de golpe en 1319, cuando tanto Juan como Pedro murieron en la misma campaña militar, la desastrosa Vega de Granada, frente a las tropas nazaríes. María de Molina, ya enferma y con más de cincuenta años, se quedó entonces como única regente hasta su muerte, el 1 de julio de 1321 en Valladolid.
El «molinismo»: gobernar apoyándose en las ciudades, no en los nobles
Para sostener tres regencias en un reino donde la alta nobleza cambiaba de bando con facilidad, María de Molina desarrolló una estrategia de gobierno que los historiadores han bautizado como molinismo: negociar concesiones, señoríos y privilegios con los nobles cuando era imprescindible, pero apoyar el grueso de su autoridad en los concejos urbanos, las asambleas de las ciudades, que le ofrecían una base de poder más estable y menos propensa a la traición armada. No siempre funcionó sin fisuras: en las Cortes de Medina del Campo de 1302, el noble Juan Núñez de Lara, aliado del infante Juan, llegó a acusarla abiertamente de mala administración de los fondos del reino, una acusación que las crónicas no permiten confirmar ni descartar con certeza, pero que ilustra hasta qué punto su autoridad estuvo permanentemente sometida a un escrutinio que rara vez se exigía, en los mismos términos, a un regente varón.
Una consejera incómoda para su propio hijo ya adulto
Cuando Fernando IV alcanzó la mayoría de edad, hacia 1301-1302, la influencia formal de María de Molina se redujo, pero no desapareció: siguió actuando como consejera en los momentos de mayor tensión dinástica, y las crónicas la sitúan mediando de forma recurrente entre su hijo y los infantes que seguían disputándole el poder, entre ellos el infante Enrique, tío del rey, al que las propias Cortes de 1295 habían reconocido como tutor y que ejerció, según distintas fuentes, una influencia problemática sobre el joven monarca durante buena parte de su reinado. En su testamento, redactado poco antes de morir en 1321, dejó constancia de un intenso mecenazgo religioso, con donaciones a monasterios e iglesias, y encomendó formalmente a la ciudad de Valladolid la crianza y custodia de su nieto Alfonso XI, todavía niño.
El ángulo menos contado: el cuadro que hoy cuelga en el Congreso de los Diputados
Hay un dato sobre María de Molina que decenas de miles de personas han visto sin saber qué estaban mirando. En 1863, el gobierno español encargó al pintor Antonio Gisbert un gran lienzo para decorar el Palacio de las Cortes: María de Molina presenta a su hijo Fernando IV en las Cortes de Valladolid de 1295, la misma escena con la que arranca esta historia. El cuadro sigue expuesto hoy en el Congreso de los Diputados, y por delante de él han pasado, en más de siglo y medio, generaciones enteras de diputados, periodistas y visitantes.
Lo que la mayoría de esos visitantes no sabe es que el encargo de 1863 no era un simple homenaje a la historia medieval: los historiadores del arte que han estudiado la obra coinciden en leerla como una alegoría política del momento en que se pintó, con María de Molina defendiendo el derecho al trono de su hijo como espejo de la reina María Cristina de Borbón defendiendo, décadas antes y durante las guerras carlistas, el derecho al trono de su propia hija, Isabel II, frente a quienes sostenían que una mujer no podía —o no debía— reinar ni gobernar en nombre de un menor. Casi seis siglos después de que la reina medieval tuviera que presentar a su hijo ante una asamblea hostil para defender su legitimidad, la España del siglo XIX seguía librando, con otros nombres, una tensión política parecida, y decidió contarla usando la imagen de María de Molina.
Por qué esta historia importa hoy
Ni las crónicas medievales ni la historiografía posterior le han negado a María de Molina el título, poco discutido, de reina más eficaz de la Castilla de su tiempo: sostuvo la continuidad de tres reinados sucesivos, contuvo guerras civiles que podrían haber fragmentado el reino, y murió dejando organizada, con instrucciones precisas a la ciudad de Valladolid, la crianza de un nieto que llegaría a gobernar durante casi cuarenta años. Lo que resulta menos conocido es que sostuvo ese gobierno mientras la propia institución que legitimaba a los reyes de Castilla, la Iglesia católica, se negó durante seis años a reconocer como legítimos ni su matrimonio ni a los hijos que gobernaban en su nombre. Gobernar un reino entero mientras la autoridad moral de la época cuestiona la validez misma de tu maternidad no es un matiz biográfico menor: es, probablemente, la clave que explica por qué tuvo que construir un modelo de poder basado en la negociación permanente y no en la autoridad heredada sin más. Seiscientos años después, su imagen sigue colgada en el corazón institucional de España, aunque la mayoría de quienes pasan por delante no sepan todavía por qué.